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Cartagena acoge un novedoso curso sobre ‘Internamiento involuntario por razón de trastorno psíquico’

Cartagena acoge durante jueves y viernes de esta semana dos jornadas dirigidas a profesionales sanitarios del área psiquiátrica, profesionales del Derecho y personas con discapacidad, entre otros, sobre Derecho y Psiquiatría, Internamiento Involuntario por razón de trastorno psíquico, en el que se tratarán diversos aspectos de tan delicado tema.

Participarán prestigiosos ponentes en un curso que dirige el letrado Emilio Cerezuela (en la foto adjunta), quien resalta que internamiento involuntario e incapacidad “no siempre van unidos” y destaca que uno de los temas principales de estas jornadas será la sentencia del Tribunal Constitucional 34/2016, sobre la  necesidad autorización judicial para el ingreso en centros sociosanitarios.



 

El salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Empresa, en la calle Real, será el marco en el que se desarrolle las jornadas  que organiza la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en colaboración con la Cámara de Comercio y el Colegio de Abogados de Cartagena. El precio de la matrícula es de 40 euros, con descuentos del 50% para letrados del Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena y estudiantes.

La inauguración tendrá lugar el jueves 5 de julio a las 10,00 horas, siendo Esperanza Alcaín Martínez, profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Granada quien ofrezca la lección inaugural bajo el título ‘Concurrencia de intereses en el internamiento involuntario’. A las 12.15 horas se celebrará la mesa redonda “Los plazos del artículo 763 de la LEC”,  con intervención  de Ricardo Robles Martínez (especialista del área de Psiquiatría del hospital de Santa Lucía), Eva Fernández Puga (letrada del juzgado de Familia de Cartagena), Carlos Fernández Pascual (letrado del Colegio de Abogados de Madrid) y Alfonso Sánchez Hermosilla (jefe de sección del Instituto de Medicina Legal).

Continuará la jornada a las 17 horas con la ponencia ‘Un repaso a las STC en la materia con especial referencia a la  34/2016’, a cargo de  María Rosa Ramos, Fiscal de Discapacidad de la Fiscalía Provincial de Las Palmas. La jornada se cerrará con ‘Internamientos involuntarios y asistencia letrada’, ponencia ofrecida por Josefa García Lorente, abogada del colegio de Madrid, y representante de la Abogacía Española en el Foro Justicia y Discapacidad del CGPJ.

El viernes tendrá como temática: ‘Instituciones, ¿soluciones?; ¿alternativas?’, comenzando a las 9 horas con una mesa redonda que contará con Ana María Castro, abogada que preside la Asociación por la defensa de las personas con discapacidad y dependencia de Galicia; José Hernández, director del hospital Perpetuo Socorro; Marifé Lozano, psicóloga del hospital Román Alberca;  y Rafael Luquin Martínez, doctor en medicina y cirugía y Médico de Familia.  Le sucederá la mesa redonda que, a partir de las 11.30 horas, tendrá como participantes al psiquiatra Ricardo Ortega; el abogado Carlos Fernández;  la psicóloga María José Hernández;  y el letrado madrileño Ángel Bravo del Valle. La clausura será a las 13.30 horas.

* El palmarés completo de cada participante se puede ver en el programa que se ofrece en este artículo.

El asunto del internamiento involutario ha sido tratado en Cartagena con anterioridad, como sucedió un año atrás cuando estuvo en la ciudad Carlos Garcenmuller, Fiscal del Tribunal Supremo,  encargado de  discapacidad, pero se hizo dentro de una temática más amplia. También este asunto mereció una jornada del ciclo ‘Café jurídico’ de la Asociación de Jóvenes Abogados de Cartagena (pinchar aquí), donde se planteó la necesidad de que los asuntos sobre discapacidad siempre contasen con la participación de un abogado defensor del afectado. Ahora es la primera vez que es tema protagonista exclusivo de un curso y con un elenco de ponentes de primera fila.


 

  • "Hay que ir pensando que la población envejece..."


La dirección de estas jornadas corresponde al abogado Emilio Cerezuela del Castillo, coordinador de discapacidad del Colegio de Abogados de Cartagena, máster en discapacidad, autonomía personal y dependencia por UIMP y abogado de ÁPICES.

Pregunta: ¿Cuál es el objetivo de este curso?

Emilio Cerezuela: Sobre todo avanzar en la formación de los profesionales contando con la presencia de prestigiosos ponentes que nos aportarán, a buen seguro, mucho sobre este asunto. Por poner sólo un ejemplo, en el año 2016 el Tribunal Constitucional dictó cuatro sentencias sobre  internamiento involuntario y en casi todas intervino la fiscal María Rosa Rubio, quien estará presente en las Jornadas. Lo mismo sucede con otras áreas afectadas por este tema, para las que hemos tratado de contar con profesionales que aportarán mucho.

¿Qué estableció la sentencia 34/2016?

Pues que las personas privadas de razón, e internadas en Centro Sociosanitarios, quedan en un “limbo jurídico”, al no estar controladas por ninguna autoridad judicial. La sentencia en concreto en su fallo desgtaca y Declara “Que se ha vulnerado el derecho a la libertad personal (art. 17.1 CE)” de la señora internada, y la necesidad de contar con autorización judicial en el internamiento en centro sociosanitarios de personas que carcen del poder de decidir por sí mismas, o que pierden esa capacidad de decisión una vez ya internados. 

¿Se está aplicando ese fallo judicial?

No del todo, pero la sentencia está ahí. La justicia sí responde ante los internamientos involuntarios, pero el problema en éste caso llega con los que se producen en los centros sociosanitarios, que no siempre están amparados por una decisión de la persona.  Hay que puntualizar que le internamiento involuntario y la incapacitación no siempre tiene que ir unidos. Es más, se encuentran reguladas  en normas distintas, el Código Civil regula  la discapacidad y la Ley de Enjuiciamiento Civil  el internamiento.

¿Hay muchos asuntos de este tipo en los tribunales cartageneros?

No conozco la cifras concretas, pero en el juzgado de Familia de Cartagena, que lleva Familia y  Discapacidad,  con respecto a ésta, el internamiento involuntario es el segundo de los motivos en número.  Además, son asuntos muy urgentes,  que en 72 horas el juez debe resolver, y acordar si la persona afectada sigue o no internada.  Es decir, pongamos como ejemplo una persona que en una crisis lleva a cabo una serie de acciones que puedan ser peligrosas para ella misma, o para los demás, y es trasladada por la policía, o por el 112,  a la planta de psiquiatría del hospital. Pues bien, la planta habrá de ponerlo en conocimiento del Juzgado en el plazo de 24 horas, y el juez, que tiene que visitar al paciente en la planta,  tendrá 72 horas para decidir qué se hace con esta persona, si sigue ingresado o cesa el internamiento.

Ha comentado que el juzgado de Familia es también de Discapacidad. ¿Hay juzgados especializados sólo sobre este segundo tema en España?

Sí, ya existen en varias capitales de provincia, en Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Zaragoza,  y es de esperar que en el futuro aumenten y lleguen a todos los partidos judiciales. Es que hay que tener en cuenta que un problema de discapacidad, que en definitiva es el mismo para todas las personas, puede ser visto en España por cuatro órganos distintos. Por uno muy especializado, como son los Juzgados de Discapacidad; por uno especializado, como son los de Familia, por uno menos especializado, como son los Juzgados de Primera Instancia, o por uno sin especialización, como son los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. Es decir, el problema es el mismo, pero la especialización del Magistrado o Juez que se hace cargo, es distinta. Pero soy muy consciente de la dificultad que implicaría el que existiesen órganos de este tipo en todos los partidos judiciales, aunque algo habrá que ir pensando, ya que la población envejece, se demencia, y soluciones habrán que ir tomando.

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