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La ley de Aceleración Empresarial sigue su trámite pese a PSOE y Podemos que la califican de “aberración jurídica”

La proposición de Ley de Aceleración Empresarial de PP y Ciudadanos sigue su trámite parlamentario tras superar el debate de totalidad en el que PSOE y Podemos han votado en contra. Ambos partidos consideran la ley de “aberración jurídica” y anuncian que la recurrirán al Constitucional.


Durante la defensa de enmiendas a la totalidad, el socialista Alfonso Martínez ha manifestado que la ley de PP y Ciudadanos está hecha “a la carta para beneficiar a determinados intereses”. Martínez ha recordado que en el 80% tendrán que aplicarla los ayuntamientos, criticando que “no se haya hablado con ellos; se trata de hacer urbanismo a la carta”, ha apuntado el socialista haciendo alusión al informe emitido por los servicios jurídicos de la Cámara.

En ese sentido, el PSOE ha advertido que la proposición de ley modifica 16 leyes, algunas de ellas, de Ordenación Territorial y Protección Ambiental. Asimismo, ha señalado que ésta es la segunda parte de la ley de Simplificación Administrativa aprobada en la Asamblea. “Dijimos que sí a la Simplificación Administrativa, pero hay que hacerlo con garantías”, ha afirmado pidiendo que se publique el listado de las 20.000 empresas a las que beneficiaría la norma, según han anunciado en diversas ocasiones PP y Ciudadanos.

Por parte de Podemos, Óscar Urralburu ha comparado la normativa con la “ley de la selva, donde vale todo”. A su juicio, la norma es una “aberración jurídica” tratándose de una propuesta de aceleración “del desastre en la que se saltan muchas leyes y todos los filtros de consulta social”. A su juicio, en esta ley “se premia a quienes se han dedicado a incumplir la ley”.

Los partidos proponentes de la iniciativa, PP y Ciudadanos, la han defendido asegurando que la proposición de ley llega a la Cámara tras haberla trabajado con la patronal. “Con ella se pone de manifiesto el modelo que defendemos uno y el que defienden otros. La ley permitirá reducir los plazos, apostar por las energías renovables y dar la oportunidad a 20.000 empresas que se han quedado en alegalidad, que se legalicen”, ha dicho el portavoz del PP, Víctor Manuel Martínez.

Finalmente, desde Ciudadanos, Miguel Sánchez ha apuntado que quieren “arreglar” el “problema” que tienen empresas en la Región. “Esto es provisional porque la última palabra la tendrán los ayuntamientos, que tienen un plazo de 3 años para adaptarse a la normativa autonómica y tener sus planes urbanísticos”, ha dicho.

La proposición de ley sigue con su trámite parlamentario con el plazo de presentación de enmiendas parciales.