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  • Cuatro agrupaciones, con novedades para el desfile de la Resurrección que cierra la Semana Santa

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  • La lluvia provoca cortes de carreteras, inundaciones de bajos y el rescate de una autocaravana

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Comunicados de CTSSP

  • Conclusiones sobre el sobrecoste de El Batel
  • CTSSP preguntará en Pleno sobre los ficus de la Avenida de América
  • Controlarán la adjudicación de contratos
  • Conclusiones sobre el sobrecoste de El Batel

Desde CTSSP manifestamos nuestra satisfacción por esta primera Comisión de Investigación propuesta por nuestro grupo, y destacamos el buen hacer y el trabajo de sus integrantes. La experiencia obtenida en la misma nos emplaza a una pronta y necesaria regulación de la comisiones de investigación en el Reglamento del Pleno de este Ayuntamiento para corregir algunas faltas y vacíos detectados en su desarrollo.
En segundo lugar, la ciudadanía debe saber que en el pliego de condiciones se deja muy claro que se contrata un auditorio terminado, y sin embargo, tras el importe de licitación del contrato de las obras más los 4 modificados que suman 44.462.765€, se tuvieron que ejecutar a posteriori las obras complementarias. ¿Por qué? Dichas obras supusieron unos costes añadidos de 2.093.871 € para la Adaptación Acústica + 9.478.441 € para Equipamiento Escénico + 1.538.788 € para Mobiliario + 4.238.175 € para Adecuación del Entorno, lo que sumado a los honorarios técnicos de arquitecto y aparejador nos hacen pasar a un coste total de 63.938.377 € para un auditorio que se contrató por 20.364.945 € (+315%).

La obra fue contratada, ciertamente a un premio nacional de arquitectura, pero el cual no completó ni consumó la diligencia y lex artis propia de su profesión, pues tenía que haber previsto que la especial ubicación iba a ser origen de los sobrecostes que finalmente se produjeron, debiendo haberse basado en un correcto y eficaz estudio geotécnico como primer paso para la redacción, tanto de los documentos técnicos, como de la ejecución de las obras y la correspondencia entre previsiones y situaciones desconocidas, no previstas o sobrevenidas.
La solución, con una filtración que parece importante, en un ambiente marino agresivo, y con unos requisitos de estanqueidad muy exigentes, al ser el espacio sumergido (el propio patio de butacas), parece más precaria de lo que sería deseable, y aparentemente sobrevenida por una falta de previsión de algo que era evidente al construir bajo rasante junto al cantil del puerto. Por todo ello, desde CTSSP exigimos la responsabilidad contractual y técnica del arquitecto José Selgas.

El Sr. Juan José Hernández Nieto, director de la UTE (ACS e INTERSA) empresa constructora, también es corresponsable de estos sobrecostes, pues era conocedor de los errores de inicio pero aún así decidió continuar con la obra manifestando que ellos no estaban para renunciar a la misma. Conocían los estudios geotécnicos sabiendo que el primero ya era incorrecto, pero entendemos que su presunta actitud negligente le llevó a continuar y no desistir a pesar de los futuros y previsibles problemas que efectivamente surgieron.
En cuanto a los técnicos del Ayto, queremos emitir unas “conclusiones particulares” en las que nos diferenciamos como grupo político de la apreciación del resto de la Comisión: desde CTSSP consideramos que cabe también recriminar el mal hacer del Coordinador de Urbanismo existente en el inicio de la obra, Jesús López López, dado que él supervisó el proyecto inicial, dándole el visto bueno y no vio en ningún momento la importancia del informe geotécnico inicial, pues desconocía su existencia, según nos manifestó. Sus funciones principales como Director de Urbanismo eran la certificación de obras, el cumplimiento de los plazos y las obligaciones del contrato; es decir, él era la figura del control municipal sobre la dirección técnica de la obra. Estuvo en el momento más importante del inicio de la obra, que era cuando se realizó el acta de replanteo y no advirtió nada. De hecho es prueba evidente de ello que nada más marchar de sus funciones se crea una Comisión Técnica Especial formada por funcionarios del Ayto. (que trabajaron adecuadamente) para reconducir y poner orden en las numerosas irregularidades que se estaban empezando a dar.

La ubicación formaba parte de un proyecto estratégico denominado “Puerto-Ciudad”; sin embargo parece que dicha decisión fue caprichosa por parte de los políticos gobernantes en ese momento, que no tuvieron en cuenta las repercusiones económicas que supuso para las arcas municipales, gastando el dinero público sin contemplaciones ni medida con el fin último de promocionar su figura política y a su partido.
Incluso en el supuesto de que todo estuviera dentro de la legalidad, acusamos directamente al gobierno municipal del Partido Popular en aquellos años, formado por los concejales Gabriel Ruiz, Mª Ángeles Palacios, José Vicente Albaladejo y José Cabezos Navarro, y en última instancia la alcaldesa Pilar Barreiro, como últimos responsables por no cumplir con su función de servidores públicos, al llevar a cabo la construcción de un edificio no prioritario y económicamente desproporcionado para las necesidades de Cartagena. Esto supone una evidente falta de previsión y gestión en una obra pública, que nos ha dejado endeudados por muchos años a la ciudadanía cartagenera.

También queremos dejar claro las responsabilidades que desde nuestra valoración particular se deben exigir al Arquitecto José Selgas, a la UTE ACS-INTERSA, al Técnico municipal Director de urbanismo Jesús López López y a los concejales y alcaldesa del PP. Dichas responsabilidades serán depuradas en la forma en que los Servicios Jurídicos del Ayto. de CT determinen, tras el informe que la Comisión de Investigación les haga llegar.

Por último, lamentamos que ni Pilar Barreiro, ni su equipo de Gobierno ni el propio arquitecto tuvieran la disposición a prestar declaración en la Comisión, ya que la ciudadanía es lo mínimo que se merece, teniendo en cuenta que se deben dar todas las explicaciones cuando se ha construido con dinero público un edificio innecesario que ha costado 3 veces más de lo presupuestado inicialmente.


CTSSP preguntará en Pleno sobre los ficus de la Avenida de América

CTSSP lamenta el estado en que se encuentran los ficus que, desde la Av. de América, fueron llevados la estación depuradora de aguas residuales del Cabezo Beaza, depuradora de Cartagena que gestiona la empresa Hidrogea. Estos árboles centenarios se encuentran en una situación deplorable, secos, sin ninguna esperanza de vida, al contrario de los que fueron llevados y trasplantados a la vía verde, que sí se mantienen vivos y en perfecto estado.
CTSSP preguntará si el gobierno tiene constancia de ello, y si piensa pedir responsabilidades a Hidrogea sobre el abandono de parte de nuestro patrimonio vegetal, habida cuenta de que la empresa se jacta de estar comprometida con el medio ambiente.


Controlarán la adjudicación de contratos

CTSSP comprueba a menudo en las sucesivas Mesas de Contratación la enorme diferencia existente entre el valor estimado del contrato y el precio de adjudicación, como ha ocurrido, por ejemplo, con el contrato de servicios recientemente adjudicado sobre el asesoramiento técnico y económico del ciclo integral del agua. Salió a licitación por 71.291,32 euros y el precio de adjudicación fue de 30.034,62 euros, es decir, un 57,87% menor. Para la formación morada es obvio que cuando se ha adjudicado a una de las empresas ofertantes es porque los informes técnicos no dicen que exista oferta desproporcionada o temeraria.

 

CTSSP insiste: "se trata de procedimientos desarrollados alejados de la defensa de los intereses generales de los ciudadanos, y de una práctica que nada tiene que ver con la buena administración del dinero de sus impuestos si la administración municipal, de salida, está dispuesta a pagar por un contrato el 57,87% más de lo que realmente vale. Si no existe oferta temeraria, el precio real de mercado es el de la adjudicación, por una cuestión obvia, las empresas no pierden dinero con su actividad, ya que de lo contrario no existirían".

 

El Grupo llevará al Pleno una moción para que se estudien las causas de las grandes diferencias existentes entre lo que la Ley denomina valor estimado y precio de adjudicación del contrato.