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Comunicados de CTSSP

  • Denuncian el incumplimiento de las condiciones contractuales de la empresa que gestiona el servicio de respiro familiar
  • El contrato de FCC con el servicio de limpieza precariza a los trabajadores 
  • CTSSP pide investigar las condiciones de los contratados para el Plan de Choque de Limpieza viaria

Denuncian el incumplimiento de las condiciones contractuales de la empresa que gestiona el servicio de respiro familiar

El servicio de Respiro Familiar consiste en proporcionar un espacio de descanso temporal a los cuidadores principales de personas en situación de dependencia, en la atención de éstas y en circunstancias puntuales que favorezcan su participación social. En la actualidad, el servicio lo gestiona la empresa IBS INICIATIVAS Bienestar Social, adjudicataria del contrato por un plazo de dos años, desde abril de 2016 a junio de 2018, prorrogable por dos años más, y por un precio total de 132.000€.

Tras la entrevista mantenida con representantes de CC.OO. y de las propias trabajadoras, CTSSP comprobó que la empresa que gestiona el servicio no cumple con las condiciones reflejadas en el contrato adjudicado por parte del Ayuntamiento de Cartagena, a través de la Concejalía de Servicios Sociales. Entre las irregularidades destacan, en primer lugar, que la empresa no cumple el convenio laboral de limpieza, pues la hora la paga a 5,50€, cuando el convenio estipula que se pague a 7,40. Pero lo más grave aún, si cabe, es que en el contrato firmado con el Ayuntamiento la hora estaba valorada en 13,80€.

Otro de los incumplimientos son las continuas modificaciones contractuales que sufren las trabajadoras y, por tanto, el cambio de sus condiciones laborales y salariales, en donde no se reconocen todas las horas reales realizadas por las trabajadoras en el servicio. Además, desde el mes de enero la empresa no ha cubierto la plaza de Trabajadora Social a la que le obliga el contrato.

Por otro lado, sigue denunciando PODEMOS, a estas trabajadoras no se les reconoce la conciliación familiar, y no tienen derecho ni a un día de asuntos propios... ni siquiera al tiempo indispensable para poder acudir a una cita médica. CTSSP denuncia que esta situación es inhumana e intolerable, pues supone una precarización laboral de las trabajadoras que desempeñan sus funciones en un servicio público pagado por el Ayuntamiento, una injusticia pagada con dinero de toda la ciudadanía. A la vista de los hechos, representantes de la formación morada se han puesto en contacto con el Director del Contrato para poner de manifiesto la situación, acordando finalmente con éste la puesta en marcha de una investigación para comprobar los incumplimientos denunciados y estudiar las actuaciones a emprender, que podrían llegar hasta la rescisión del contrato con la empresa adjudicataria.

Pilar Marcos también le ha trasladado al Director del contrato la necesidad de modificar en los pliegos de condiciones de la próxima adjudicación, el convenio al que tienen que estar sujetas estas trabajadoras, que no debe ser el de limpieza, pues su mayor carga de trabajo es realizar una labor social de acompañamiento a las personas dependientes que atienden.


El contrato de FCC con el servicio de limpieza precariza a los trabajadores

 

CTSSP ha denunciado la situación que viven los trabajadores de limpieza viaria del litoral, que es tal como se detalla a continuación: "actualmente son 14 los trabajadores (12 hombres y 2 mujeres) quienes realizan labores de limpieza viaria en el litoral de nuestro municipio, desde Mar de Cristal a Los Urrutias, y en Isla Plana y La Azohía. Muchos de ellos llevan más de 10 años cumpliendo estas funciones. Estos trabajadores han estado contratados por varias empresas durante estos 10 años: primero unos 5 años y medio con EALSA, después se subrogaron a la empresa CABISUAR, durante unos 2 años aproximadamente, y en enero de 2015 los contrató FCC, empresa adjudicataria de este contrato público de cuatro años (hasta enero de 2019), prorrogable por dos años más, con un coste total de 3.600.000€. En todo este tiempo a estos trabajadores y trabajadoras se les ha aplicado el convenio de la Construcción, cuando la totalidad de la carga de su trabajo va destinada a la limpieza viaria. En ninguno de los procesos de subrogaciones, al cambiar de empresa, se modificaron los pliegos de condiciones para contemplar la aplicación del convenio de limpieza, que es al que debieran pertenecer".

Tras entrevistarse con representantes del sindicato CC.OO y con los propios trabajadores afectados, CTSSP confirma que dichos trabajadores sufren una discriminación laboral y un agravio comparativo con otros compañeros de LHICARSA-FCC, quienes realizan las mismas funciones que ellos pero cobran bastante más: los sujetos al convenio de la Construcción ingresan unos 18.500€ al año mientras los del convenio de la Limpieza sobre 26.800€. El agravio comparativo es todavía más injusto si se tiene en cuenta que en muchas ocasiones FCC cubre las vacaciones y las bajas de los trabajadores de limpieza del litoral con trabajadores de limpieza viaria del contrato con LHICARSA.

Además de la irregularidad que esto comporta en materia laboral, CTSSP considera que este procedimiento podría considerarse “cesión ilegal” de trabajadores, cuestión que corroboraría las denuncias realizadas meses atrás tanto por el director municipal del contrato de LHICARSA como por quien fuera responsable del Área de Desarrollo Sostenible: dichas denuncias alertaban de la posible confusión por parte de FCC y LHICARSA con respecto al uso de los medios materiales y humanos de la empresa.

CTSSP, a la vista de las informaciones recibidas, que se suman a las irregularidades ya aparecidas en prensa meses atrás, lamenta nuevamente que el Gobierno socialista haya vetado una Comisión de Investigación sobre LHICARSA (director), continúa exigiendo el acceso a toda la documentación solicitada (como los sucesivos informes del Director del Contrato o las actas de las reuniones del Consejo de Administración de LHICARSA) y vuelve a pedir la constitución del Observatorio Municipal de la Contratación aprobado en Pleno.

Para terminar, y específicamente en relación a los trabajadores de limpieza del litoral, el grupo municipal de PODEMOS exige 1) La apertura inmediata de una investigación y, en caso de que procediera 2) la tramitación del correspondiente expediente sancionador a la empresa, 3) la regularización de la situación del personal del contrato de limpieza del litoral (mediante la modificación contractual correspondiente) y 4) el inicio del procedimiento y los informes necesarios para la remunicipalización del servicio en el año 2019.


CTSSP pide investigar las condiciones de los contratados para el Plan de Choque de Limpieza viaria

CTSSP llevará al Pleno de marzo las denuncias recibidas por varias fuentes que indicarían que para el Plan de Choque de Limpieza Viaria puesto en marcha por FCC-LHICARSA se está contratando personal adicional a través del SEF, mediante contratos de formación, y que las personas contratadas trabajan la misma cantidad de horas y realizan las mismas tareas que figuran en el convenio para el personal de calle, aunque sus remuneraciones por ello son sensiblemente inferiores.

La formación morada ha comunicado que, de confirmarse estas informaciones, no sólo se estarían vulnerando principios elementales como el de “a igual trabajo igual salario”, sino que además el fraude laboral y la precarización se estaría realizando con el visto bueno (sino la participación activa) del Ayuntamiento, ya que a día de hoy no está claro si el Consistorio financia o no con dinero público dichas contrataciones.

El grupo municipal considera que de ser ciertos los hechos serían de una gravedad extrema, y pedirá al Gobierno socialista que los aclare cuanto antes en el Pleno y que se tomen las medidas oportunas en el Consejo de Administración de LHICARSA, además de dar traslado de todo a las delegaciones sindicales correspondientes.

Asimismo, CTSSP hará públicas nuevas denuncias en materia de machismo, ya que FCC se estaría negando a contratar mujeres para desempeñar labores de limpieza viaria, poniendo de manifiesto una clara discriminación de género.
Para solucionar aclarar todas estas dudas y problemas con las concesionarias, y habida cuenta de la falta de voluntad del Gobierno para hacer su trabajo, el grupo municipal ha demandado nuevamente la puesta en marcha del Observatorio municipal de la contratación, a fin de controlar el buen funcionamiento de los servicios públicos y el cumplimiento de los contratos y pliegos de condiciones.