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Sorpresa e indignación en los propietarios de fosas del cementerio de La Palma

Se han encontrado que que el Obispado inmatriculó sin informar a los dueños, quienes proclaman que firmaron lo que creían que eran cambios de titularidad a otros integrantes de sus familias, pero que en realidad fueron cesión de la propiedad a la Iglesia, quedándose ellos con un título de derecho a enterramiento. Podemos denuncia que hubo engaños y coacciones, según los casos, en esa estratagema y ahora los afectados exigen que se anulen.

Podemos denunció el asunto y el viernes se produjo una espontánea asamblea con más de 200 afectados


Podemos recogió las quejas de algunos vecinos y denunció el asunto en el programa de televisión 'La Sexta columna', que llevó a cabo una convocatoria reducida para el pasado viernes por la tarde en el Centro Cívico de La Palma, la cual se convirtió en una asamblea al acudir más de doscientos afectados por la inmatriculación del cementerio de Santa Florentina, "los cuales acuerdan constituirse en Asociación de Afectados y trabajar por sus derechos, que consisten en la anulación de dicho proceso llevado a cabo por el Obispado de Cartagena", informa en un comunicado Podemos, que también da a conocer los siguientes puntos surgidos de la reunión:

1º) El rechazo con la inmatriculación que culminó en 2015, como ha reconocido en prensa el propio obispo don José Manuel Lorca Planes y así consta en el Registro de la Propiedad número 4 de Cartagena, a fecha de 14 de enero de 2015 .

2º) El malestar con la estrategia empleada para hacerse con los títulos de propiedad a perpetuidad de los afectados. Esta institución no proporcionó información veraz a los propietarios. Se presionó con celeridad a los propietarios haciéndoles creer que realizaban un cambio de titularidad, nunca una cesión para que su propiedad pasase al Obispado a cambio de un mero derecho de enterramiento sujeto a las condiciones impuestas por el Obispado.

3º) Desacuerdo con las declaraciones del obispo ya que entendemos que considera a los propietarios menores de edad a los que hay que tutelar, tomando decisiones por ello, y lo más ofensivo, tratándolos de especuladores.

"Por todo ello, comienza un proceso que esperamos culmine satisfactoriamente y en un plazo breve, para que usuarios y vecinos recuperen sus propiedades y derechos", comentaron los representantes de los afectados.