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La controvertida ley del Mar Menor sale adelante

Los votos a favor de PSOE, Podemos y Ciudadanos han sacado adelante la Ley de Medidas Urgentes para el Mar Menor en un debate en el que los diputados regionales han instado al Gobierno regional a elaborar una ley integral para la laguna salada y un plan de gestión de la misma, a pesar de la oposición de los agricultores, que en palabras de Vicente Carrión, de COAG, acarreará cientos de millones de pérdidas para el sector. 


Durante la sesión plenaria, el PP, que ha votado en contra del dictamen, ha acusado a los grupos de la oposición de haber puesto en una “lista negra” a los agricultores y haber “potenciado la dicotomía entre agricultura y Mar Menor” con las enmiendas sacadas adelante por los grupos de la oposición.

Entre las medidas que el PP considera que “causarán mucho daño a miles de familias que viven de la agricultura y serán estériles” destaca la implantación de barreras vegetales en zonas de secano, a 30 kilómetros, “eso es un sin sentido". Los ‘populares’ habían formulado votos particulares a 7 de las enmiendas de los grupos de la oposición aunque todos ellos se han rechazado.

"El del Mar Menor es un problema de gran complejidad técnica en el que hay que atender a todos los sectores. El Mar Menor siempre será una prioridad para el Gobierno regional”, ha resaltado el parlamentario del PP, advirtiendo a los grupos de que “la Comunidad se está apoyando en la Comunidad científica en sus actuaciones".

Aunque durante el pleno los diputados de los distintos grupos de la oposición como son Ciudadanos, PSOE y Podemos han manifestado la necesidad de que se elabore una ley integral para la laguna salada, la propuesta formal ha llegado por parte de una transacción del PSOE a la enmienda que Podemos había reservado para su debate en pleno en la que se pedía un plan de recuperación y sostenibilidad compatible con el plan de gestión para integrar también las actividades de áreas no protegidas. Dicho plan, ha puntualizado el socialista Antonio Guillamón, debe desarrollarse en un plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de esta norma y en el plazo de un año, ha continuado, el Ejecutivo tendrá que presentar un proyecto de ley regional del Mar Menor que incluya un procedimiento para la gobernanza de la laguna salada. Sin embargo, esta enmienda ha sido rechazada con los votos en contra del PP y la abstención de Ciudadanos.

Los ‘populares’ ya habían explicado anteriormente que ya hay constituida en la Asamblea una ponencia para este fin, algo que ellos quieren reactivar. Además, se ha preguntado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Víctor Manuel Martínez, “¿para qué aprobamos leyes en la Asamblea si mañana quieren cambiarlas? A Ciudadanos y PSOE les ha faltado valentía para decir ‘no’ a Podemos”, ha apuntado.

Por su parte, Ciudadanos ha rechazado modificar el dictamen porque, según su diputado Luis Francisco Fernández, “cada día que pasa perdemos posibilidades para recuperación. Hay un paciente agonizando y no podemos enredarnos en debates estériles. Nos abstendremos en las últimas modificaciones y apoyaremos el dictamen", ha anunciado durante su intervención.

No han faltado desde la formación naranja las críticas a la gestión que ha realizado el PP sobre el Mar Menor. “El PP es el responsable de la contaminación del Mar Menor y ustedes son los que han criminalizado a los agricultores, como hizo el propio Pedro Antonio Sánchez durante su mandato", ha asegurado manifestando que el decreto “no hubiera necesario si se hubiera cumplido la legislación de protección que no se ha cumplido, según indica la propia Fiscalía. Las labores que corresponden al Gobierno son las de control, inspección y sanción".

Ciudadanos coincide con los agricultores, han manifestado, en que no se ha solucionado el problema de las desalobradoras, “también hay vertidos urbanos y los espigones han perjudicado. El problema de los agricultores es la escasez de agua y por eso Ciudadanos seguirá impulsando el PHN. Apostamos por un sector agrícola moderno compatible con la protección del Mar Menor"

Desde la bancada de Podemos, María Giménez ha contestado a las críticas del PP sobre la falta de rigor científico de las enmiendas que han introducido en el decreto aludiendo a que según dice el Comité Científico, el regadío en la cuenca ha pasado de 25.000 hectáreas a casi 60.000.

La parlamentaria ha señalado que las medidas que se han votado en la Asamblea “generarán beneficios a los agricultores a corto plazo. Tenemos que ser la vanguardia. Los consumidores europeos eligen cada vez más y más calidad y los productos no pueden crecer a costa de la riqueza ecológica. Las medidas no son un pulso entre ecologistas y agricultores", ha dicho manifestando también que sigue sin aprobarse un plan de gestión y sin clarificarse los usos, “algo que seguro que precisan los agricultores".

El socialista Antonio Guillamón ha acusado al PP de seguir “en sus trincheras”. “Creo que aprobada la Ley, el Gobierno regional debe aplicar la ley ayudando y apoyando a los agricultores y buscando ayudas europeas para el sector".

El PSOE ha asegurado haber “aplicado el principio de precaución para acordar medidas proporcionadas, pero ha habido una campaña del PP desproporcionada, que solo pretende desviar la atención del verdadero problema del sector agrícola: la falta de agua".

El objeto de la ley es la adopción de medidas urgentes para la ordenación y sostenibilidad de las actividades agrarias y garantizar su aplicación en el entorno del Mar Menor, así como la protección de sus recursos naturales mediante la eliminación o reducción de las afecciones provocadas por los vertidos.

Entre las medidas que se contemplan destaca que las explotaciones agrícolas que incluyan tierras de cultivo deberán establecer en ellas estructuras vegetales de conservación destinadas a la retención y regulación de aguas y el control de las escorrentías, también se prohíbe la creación de nuevas superficies de cultivo, se favorecen las técnicas de rotación de los cultivos para mejorar la estructura biológica del suelo permitiendo como máximo dos ciclos de cultivos en una misma parcela agrícola.

Aparte de eso, toda superficie situada fuera del perímetro de regadío legal será restituida a sus condiciones originales sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que pudiera corresponder, y será obligatoria la presentación de una memoria de diseño de la plantación de estructuras vegetales realizado por un técnico competente. Las distintas zonas en las que está dividida la superficie de la laguna salada ganan terreno, a excepción de la zona 3, que pierde un 23% de sus superficie.

Además de eso, se primará la progresiva transformación de la actividad agrícola hacia la producción ecológica con medidas medioambientales, se establece como obligatorio el destinar el 5% de la superficie de cada explotación agraria a sistemas de retención de nutrientes para reducir la contaminación agraria.

Sobre la autorización para verter residuos procedentes de la desalobración por parte de la Administración Autonómica, estará supeditada a la aplicación de sistemas de reducción de nitratos y su eficacia deberá ser previamente verificada.