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“La ley del Mar Menor pone en peligro el empleo en el campo”

Vicente Carrión, presidente del sindicato agrario COAG, que las medidas aprobadas por los partidos políticos “nos pueden llevar a tener que buscar otro tipo de cultivos, bajando la actividad y los puestos de trabajo” y muestra su malestar con un asunto “que tiene difícil solución con los políticos que tenemos”. Respecto a la falta de agua, denuncia que el agua del Tajo está abasteciendo a las empresas eléctricas en Extremadura “y no queda agua para la Región de Murcia”.


  • La Comunicad de Regantes califica de despropósito la nueva ley y remarca que no se puede tratar por igual a los agricultores que están cerca del Mar Menor y a los que están muy alejados
  • Se prepara una manifestación ante la Asamblea Regional

El mundo agrícola está recibiendo con preocupación y enfado las medidas que se están aprobando para la nueva ley de ‘Medidas urgentes de sostenibilidad del Mar Menor’. “Los agricultores no rehuímos nuestra parte de responsabilidad, pero no sólo los únicos causantes en absoluto, pero no estamos dispuestos a consentir que se nos demonice con este asunto”, ha indicado Vicente Carrión a este diario, apuntando que el agua que cae en el Campo de Cartagena “se queda en las plantaciones y sólo va hacia el Mar Menor las que llegan desde zonas con pendientes, por lo que la solución es acometer obras hidráulicas que eviten esos arrastres, pero no tiene sentido lo que están planeando hacer los políticos, pues con esas medidas todo se pone en riesgo”. También apunta que los agricultores “hemos hecho los deberes de no contaminar, pero los demás sectores se están yendo de rositas” y también que no estamos “como hace treinta años y parece mentira que no podamos utilizar las tecnologías”.

El presidente de COAG Cartagena concreta este último comentario diciendo que los agricultores “siempre nos hemos adaptado a las circunstancias y lo seguiremos haciendo, pues somos un sector acostumbrado a padecer, pero en esta ocasión esas restricciones pueden llevar a un cambio radical de planteamientos. Es decir, a regar sólo cuando llueva y a alimentarnos con higos y almendras. Quizás hay que buscar nuevos cultivos aunque suponga bajar la actividad y los puestos de trabajo”. El malestar con los políticos es muy evidente: “Este asunto no tiene fácil explicación ni fácil solución con estos políticos, pues son todos ellos los que nos han llevado a esta situación y parece que para ellos lo que prima es la defensa del sillón que ocupan”.

A Vicente Carrión también le preguntamos por el asunto de la falta de agua y apunta que del Tajo no se recibirá “porque para abastecer a las empresas eléctricas están desembolsando más agua de la cuenta en los pantanos de su cabecera, en Extremadura, con lo que no queda para la Región de Murcia”.  

Sobre la ley del Mar Menor, desde el Sindicato de Regantes también se considera que se están tomando medidas sin valorar sus consecuencias y planea convocar una gran manifestación ante la Asamblea Regional para el uno de febrero, día fijado para la aprobación o no del nuevo decreto-ley.

Por su parte, la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena ha hecho público el siguiente comunicado:

“En relación con la problemática medioambiental del Mar Menor, se ha demonizado al sector agrícola. Tal como queda reflejado en el Decreto-Ley del Mar Menor y en las enmiendas presentadas por los Grupos Parlamentarios Socialista, Podemos y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, donde todas las medidas propuestas se han centrado únicamente en el sector agrícola, sin tener en cuenta el impacto de otras actividades y actuaciones. Para evitar este despropósito, que no soluciona la problemática del Mar Menor y solo perjudica a los agricultores, la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena ha mantenido contacto con todos los grupos parlamentarios y encargó un estudio a la UPCT sobre los aspectos de hidrología superficial recogidos en el Decreto-Ley y en las enmiendas presentadas por los Grupos Parlamentarios, que le fue remitido a todos ellos junto al informe de alegaciones realizado por los servicios técnicos de la Corporación.

De este estudio, realizado por el Catedrático Victoriano Martínez Álvarez, se desprende que gran parte de las medidas contenidas en el Decreto-Ley, y otras que se proponen mediante enmiendas de los Grupos Parlamentarios, no tienen justificación técnica, no se adaptan a las singularidades de las Zonas Regables del Campo de Cartagena, donde el 96,1% de su superficie presenta pendientes inferiores al 2%. Por lo que la eficacia de estas medidas será muy reducida, y en muchos casos pueden ser incluso contraproducentes. Pudiendo además, generar innecesariamente un gran perjuicio a los comuneros y usuarios de nuestra Corporación, afectando muy negativamente a la actividad agrícola. No es de sentido común considerar las mismas medidas para una parcela próxima al Mar Menor, con una fuerte pendiente, que otra ubicada en Fuente Álamo que presenta una pendiente muy suave. Por ello se debe diferenciar las obligaciones de cada zona, dado que las afecciones son totalmente diferentes”.