Proyecto del Ayuntamiento provocaría la pérdida del Muro de la Sal
La Asociación Cartaginense ha emitido una solicitud urgente a la Comunidad Autónoma, instando a una resolución urgente del expediente sobre el Muro de la Sal de Cabo de Palos ante el inminente riesgo de pérdida o desaparición, cuya protección ha sido solicitada desde el 8 de febrero de 2023 por Procabo.
En dicho escrito se solicitó la declaración como bien inventariado de estos restos, adjuntando un informe detallado que justificaba la necesidad de protección desde un punto de vista técnico e histórico. A pesar de que el organismo competente asignó el número de expediente DBC 48/2023 un mes después de la solicitud, hasta la fecha de este comunicado, no ha habido una resolución por parte de la Comunidad Autónoma, y el expediente corre el riesgo de caducar el 9 de febrero de 2024.
La Asociación Cartaginense denuncia que, mientras el expediente sigue pendiente de resolución, el Ayuntamiento de Cartagena, a través del Diario La Verdad, ha anunciado este sábado la licitación de un proyecto por valor de 308.212 euros, el cual transformará irreversiblemente los elementos que la Asociación para la Protección de Cabo de Palos instó a proteger para construir una plaza para eventos. Esta transformación no solo carece de lógica, sino que también podría tener un impacto negativo en el patrimonio histórico regional.
También se ha hecho referencia a un informe del científico del CSIC, Dr. José Templado, que critica el proyecto propuesto, considerándolo innecesario y señalando su gran impacto ambiental y paisajístico. Es por ello que la Asociación Cartaginense ha instado a la Dirección General de Patrimonio a resolver urgentemente el expediente DBC 48/2023, informando asimismo a todas las administraciones interesadas.
En vista de las consideraciones del Dr. Templado, la Asociación Cartaginense solicita que se impida la realización de las obras hasta que se resuelva expresamente el expediente y se evalúe la posible degradación del espacio natural. Esta petición se fundamenta en el respeto a los artículos 45 y 46 de la Constitución Española. Asimismo, se hace un llamamiento a todas las administraciones partícipes para que se adopten medidas cautelares que garanticen la eficacia de la resolución y eviten posibles daños irreversibles al patrimonio cultural y ambiental de la región.
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