La 'bandera negra' sigue en el Mar Menor
Ecologistas en Acción ha presentado el informe con el que saca a la luz los 48 casos más significativos de contaminación y mala gestión ambiental de las costas del Estado español. En la relación-denuncia, que surgió en 2005, figuran dos playas por provincia o ciudad autónoma. En el informe se mantienen la 'laguna salada' y Portmán.
· A pesar de que las problemáticas ambientales denunciadas son de naturaleza similar a la de años anteriores, por primera vez se incorpora un problema que no se había denunciado: la proliferación de playas caninas designadas sin una evaluación previa de impacto ambiental.
· Además del estudio en formato informe, se pueden encontrar los resultados en formato mapa o estructurados por provincias, comunidades/ciudades autónomas y años, en la página web de la organización ecologista.
Un año más, después de una nueva inspección de los más de 8.000 kilómetros de las costas del Estado español, Ecologistas en Acción ha presentado el informe Banderas Negras 2023, que otorga un total de 48 Banderas Negras: dos por provincia y/o ciudad autónoma, una bandera por contaminación y otra por mala gestión ambiental del litoral. Como en años anteriores, el informe de 2023 recoge las situaciones de afección ambiental más graves, pero no todas que, según la organización, podrían ser muchas más.
Aunque cada año se observan problemáticas similares a las anteriores, uno de los mayores problemas que se identifica en el informe es el de la turistificación y urbanización de nuestro litoral. De las 48 banderas otorgadas este año, el reparto en función de su naturaleza es el siguiente:
— Urbanización de la costa, a veces incluso invadiendo el Dominio Público Marítimo-Terrestre (17).
— Vertidos, deficiencias en los sistemas de saneamiento y graves problemas de depuración (12).
— Contaminación química, lumínica y/o acústica (6).
— Afecciones a la biodiversidad (6).
— Acumulación de basuras marinas (3).
— Dragados y ampliaciones portuarias sin justificación (2).
— Otras (2)
En esta ocasión aparece por primera vez una problemática que hasta ahora no se había denunciado: la proliferación de playas caninas designadas sin una evaluación previa de impacto ambiental. Es el caso de la playa de A Calzoa, designada como playa canina sin haber previsto el grave impacto ambiental que se ha generado, por la que se ha otorgado una bandera negra al Ayuntamiento de Vigo.
Pasear con perros por entornos naturales se ha convertido en una actividad muy popular en todo el mundo, que plantea una serie de problemáticas medioambientales y desafíos que deben ser abordados de manera responsable por parte de las administraciones y de la sociedad.
Numerosos estudios científicos evidencian el elevado impacto que el paseo con perros causa sobre la fauna litoral, principalmente a las aves, pues es el hábitat exclusivo de alimentación, descanso y reproducción para muchas de ellas. Los efectos negativos de esta actividad se cuantifican muy por encima del resto de tipos de molestias analizadas.
Según Ecologistas en Acción, “no se trata de demonizar a ningún animal, ni a las personas que los acompañan, sino de entender la interacción que se produce entre ellos: las aves perciben al perro como predador y éste a ellas como presa. Cuando permitimos que un perro persiga a las aves, aunque no las atrape, causamos en ellas un importante estrés, les impedimos o dificultamos la obtención de alimento, las privamos de descanso y las obligamos a invertir un elevado gasto energético en tener que huir”.
La designación de playas caninas es una iniciativa en auge tomada por ayuntamientos en la que, habitualmente, no se tienen en cuenta criterios medioambientales y en la que son seleccionadas aquellas playas consideradas de menor valor turístico, que paradójicamente suelen coincidir con las que presentan mayor valor ecológico. Sin embargo, Ecologistas en Acción considera que debería ser justo al revés. 
Banderas recurrentes y algunos avances
Este año, de nuevo, se reiteran banderas negras a atentados ecológicos que parecían en vías de solucionarse, pero cuya resolución “está aletargada en el trámite administrativo, cuando no atrapada en el laberinto judicial que resulta de una legislación garantista con quien comete la infracción”, según la organización ecologista. Es el caso de la ocupación ilegal de terreno público por parte Petronor en la ría de Barbadun, o la prorrogación de la concesión a la factoría de celulosa de ENCE a orillas de la ría de Pontevedra.
Después de 75 años vertiendo al litoral y agotado el máximo de años previstos por ley, el Tribunal Supremo ha fallado a favor de la pastera, a pesar de un dictamen judicial previo de la Audiencia Nacional ratificando el fin de la concesión.
Afortunadamente, no siempre ocurre esto y existen casos de mejoras que se han logrado gracias a la movilización ciudadana y de las organizaciones ecologistas. Algunos de los proyectos paralizados son los siguientes: la futura construcción de la nueva depuradora de Barbate (Cádiz); el arreglo del emisario más las obras de puesta a punto del tratamiento terciario en Roquetas de Mar (Almería), la limpieza de la playa Hípica en Melilla o las iniciativas políticas, administrativas y judiciales espoleadas por la presión social llevadas a cabo en el Mar Menor (Murcia).
Ana Aldarias, portavoz de Ecologistas en Acción, ha declarado: “Celebramos estas mejoras, pero tenemos que hacer hincapié en que los atentados ecológicos se seguirán reproduciendo mientras prevalezca el crecimiento económico sobre cualquier otro criterio y el respeto ambiental brille por su ausencia. Sin una economía planificada y bajo control democrático, la vida siempre saldrá perdiendo”.
Cristóbal López Pazo, también portavoz de la organización ecologista, ha añadido: “Agradecemos a todas las personas que han colaborado de manera desinteresada en la elaboración de este informe. Personas activistas y voluntarias de los grupos locales de Ecologistas en Acción que, gracias a su trabajo, han hecho posible que Banderas Negras salga a la luz un año más”.
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