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"Nuevo decretazo antiambiental"

Ecologistas en Acción critica el nuevo Decreto Ley de Dinamización de Inversiones, Libertad de Mercado y Eficiencia Pública por desregular la actividad económica poniendo en riesgo el interés público para beneficiar el interés privado empresarial. La nueva norma se aprueba eludiendo la tramitación ordinaria de la legislación, sorteando el necesario debate público, los informes preceptivos de órganos consultivos, y las enmiendas y correcciones a las que sin duda se habría sometido.



Ecologistas en Acción de la Región Murciana ha criticado esta mañana la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno, del Decreto-Ley de Dinamización de Inversiones, Libertad de Mercado y Eficiencia Pública, a propuesta de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

La organización ecologista, que todavía no ha podido acceder y estudiar en profundidad el texto legal y las consecuencias de su aplicación, realiza una primera valoración en base a los detalles que han trascendido a la prensa.

En primer lugar critican que una norma como esta, que afecta gravemente al interés general y al medio ambiente, se apruebe por la vía del Decreto-Ley eludiendo los informes preceptivos de los órganos consultivos y el necesario debate público, para una norma profundamente reaccionaria y con planteamientos de siglos pretéritos.

Para los ecologistas, resulta evidente la influencia de la CROEM en esta norma, que desde hace años quiere imponer este tipo de desregulación de la actividad económica en la región.

Con la excusa de la “libertad de mercado” sacrifican la regulación ambiental, la ordenación del territorio y disposiciones laborales, que precisamente están para prevenir abusos. Quieren una “Ley de la selva”, amparando poderosos intereses empresariales que depredan los derechos de la sociedad, con el único de fin de acumulación de beneficios privados a toda costa.

Ecologistas en acción ve con preocupación los pocos detalles que de momento han trascendido, pero que dejan ver claramente el espíritu de eliminación de garantías que preserven el interés general y el medio ambiente. Precisamente lo que llaman “burocracia” con desprecio, son normas regulatorias de la actividad privada para corregir y evitar sus excesos.

Por ejemplo, la posibilidad de tramitar proyectos sin informes preceptivos, no sólo facilita la comisión de abusos, afectando a la salud, la calidad de vida, el medio ambiente, la contaminación… sino que puede facilitar la vía de los “hechos consumados” como forma de ejecutar proyectos que son difíciles de encajar legalmente.

Por otro lado, el eximir de Evaluación Ambiental a proyectos que se declaren excepcionales por la administración regional, conlleva el riesgo de que se repitan los abusos del pasado, cuando determinados proyectos privados, polémicos por sus impactos, se han intentado desbloquear forzando declaraciones de Interés General, que no era tal.

En cuanto a tramitar proyectos que requieran modificar los planes urbanísticos, sin haber realizado ese cambio, supone un riesgo de introducir más caos en la ya de por sí nefasta ordenación del territorio en nuestra región, lo que puede incluso contribuir a aumentar riesgos a la salud y la calidad de vida de los habitantes.

Además, tramitar proyectos sin esperar a que pasen los primeros filtros, puede suponer aumentar irresponsablemente los servicios públicos que los tramitan y que ya están saturados por los irresponsables recortes de personal y presupuestos que ha llevado a cabo el Gobierno Regional en los últimos años.

Para Ecologistas en Acción, estas desregulaciones que viene aprobando el Gobierno Regional, bajo la presión de la patronal CROEM, son contraproducentes, y sólo nos traerán más caos y problemas ambientales, sociales y de salud pública, en aras de maximizar el beneficio privado del sector empresarial e inversor más reaccionario e insolidario.

La actual situación crítica del Mar Menor, o el grave problema de contaminación y destrucción de la Sierra Minera y Portmán, son claros ejemplos del alto coste social, ambiental, y a las arcas públicas, que tiene la desregulación de la actividad empresarial y la falta de control institucional frente a la economía del abuso.

La organización anuncia que en cuanto tenga acceso al texto completo de la norma, lo estudiará y valorará más profundamente.


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