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“El Mar Menor se ha convertido en una catástrofe a cámara lenta y hay que actuar de raíz”

La ministra Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno y titular de la cartera para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), afirma que el problema se ha convertido en “asunto de Estado”, que es “un caso ‘de libro’ por sobrecarga de nutrientes”, que no tiene sentido “malgastar recursos públicos en blanquear una situación si ésta no se ataja de raíz” y que hay que diferenciar entre agricultura legal e ilegal. Propone un cinturón verde de 390 hectáreas y también rechaza el desarrollo urbanístico.


🐟 La Comunidad se ofrece a "asumir la ejecución y el coste del colector norte “para evitar que siga entrando nutrientes y agua dulce” en la albufera e insiste en que se declare ‘zona catastrógica’
🐟 El Ayuntamiento apoya al sector turístico y hostelero en sus peticiones de ayudas extraordinarias por la crisis del Mar Menor. COEC y Hostecar piden unidad de acción a las tres administraciones públicas





NOTA DE PRENSA DEL MINISTERIO

La regeneración ambiental del Mar Menor es una prioridad dentro de las políticas del MITECO y “una cuestión de Estado” para el conjunto del Gobierno, ha subrayado la ministra en su intervención en el Congreso de los Diputados sobre los problemas de degradación que arrastra la albufera murciana, cuyo estado es “una catástrofe que ha venido sucediendo a cámara lenta ante nuestros ojos”.

Tras analizar, a la luz del último informe del Instituto Español de Oceanografía (IEO), las causas del nuevo episodio de mortandad masiva de peces y otras especies lagunares por hipoxia derivada de los vertidos de nitratos fertilizantes de la agricultura intensiva y regadíos ilegales, Ribera ha recordado el compromiso adquirido hace dos años ante la sociedad civil del Campo de Cartagena, cuando visitó la zona tras los estragos causados por la DANA de 2019.

“Entonces me comprometí con vecinos, agricultores, empresarios, científicos y alcaldes a diferenciar la agricultura legal de la ilegal, a aprobar una estrategia integral de restauración del ecosistema del Mar Menor, mejorar la investigación y seguimiento del estado de la laguna y tener en cuenta las preocupaciones sociales a la hora de plantear soluciones”, ha indicado.

ATAJAR DE RAÍZ
Ribera, que ha reiterado el llamamiento a la colaboración leal entre administraciones, ha hecho hincapié en la necesidad de eliminar en origen la causa real de la degradación de la laguna salada. “Hay que detener los vertidos en origen -ha dicho-. No basta con disimular los nitratos y nutrientes que se producen”. Se refería así al conocido como Plan de Vertido Cero impulsado por el último Gobierno del PP, que ponía todo el énfasis en la reducción de la carga contaminante en fertilizantes, el reciclado y vuelta al ciclo del agua. Ese planteamiento no resuelve el problema. “No tiene sentido malgastar recursos públicos en blanquear una situación si ésta no se ataja de raíz”, ha puntualizado. La ciencia ha identificado el problema del Mar Menor como un caso ‘de libro’ por sobrecarga de nutrientes muchos más allá de lo que el ecosistema es capaz de asimilar.

La ministra ha anunciado la ampliación del actual contrato entre la Dirección General de Costas y el Instituto Español de Oceanografía para mejorar el control de los parámetros físicos de la laguna y reforzar la observación científica permanente del estado de la albufera salada. Igualmente, ha recalcado la importancia de fortalecer la colaboración entre administraciones e incorporar a la sociedad civil a los foros de debate, de rendición de cuentas, así como recabar sus observaciones y sugerencias, a fin de lograr la implicación de todos en la recuperación del Mar Menor.

ESTRATEGIA INTEGRAL
Ante los portavoces de los grupos parlamentarios, la ministra expuso también los pormenores de la Estrategia Integral de Recuperación del Mar Menor puesta en marcha por el Ministerio y para la que se contempla una inversión inicial de 317 millones de euros. Basada en el mejor conocimiento científico disponible, incluye medidas para la protección del dominio público hidráulico derivadas de la declaración del acuífero en riesgo químico.

Entre otras, vetar el uso de fertilizantes orgánicos e inorgánicos a 1.500 metros de la orilla lagunar, limitar el número de cosechas, implantación del registro de explotación agraria, sistemas de monitorización del uso de agua de riego, de control y seguimiento de la fertilización mineral en los regadíos, y la creación de entidades colaboradoras para la inspección, control y vigilancia.

DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
Dentro de dicha estrategia, destacó además proyectos de control de escorrentías y de defensa frente a inundaciones, un asunto de máxima preocupación vecinal en el entorno del Mar Menor, así como la creación de áreas de laminación que sirvan de colchón. En total se actuará sobre más de 390 ha y se crearán 216 ha de laminación, junto a la restauración de 13 kilómetros de cauces. Dentro de esta línea tendrán un papel preponderante las soluciones basadas en la naturaleza, filtros ‘verdes’ y actuaciones de renaturalización del entorno.

Y se ha comprometido a reunirse con los representantes de las asociaciones vecinales y las organizaciones ecologistas con periodicidad mensual hasta que el estado de la laguna no revierta a parámetros de normalidad. Ribera ha puntualizado que la gestión del agua en el Mar Menor no admite más desarrollos, ni urbanísticos ni agrícolas. Las únicas soluciones viables para garantizar la recuperación de la laguna deben a atenerse a las recomendaciones científicas, asegurar el respeto a la ley, y alentar tanto la colaboración institucional como el diálogo activo con la sociedad.

ACUÍFERO EN RIESGO QUÍMICO
En su intervención, la ministra ha expuesto la larga lista de medidas ya acometidas por el MITECO dentro de las políticas para la recuperación del Mar Menor. Destacó en particular la declaración del acuífero de Cartagena en situación de Riesgo Químico por exceso de nitratos. El acuerdo, suscrito en julio de 2020 por la junta de gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura con el voto en contra del Gobierno de la Región de Murcia, faculta a la adopción de medidas cautelares para evitar los vertidos, cuyo control corresponde a las autoridades autonómicas.

Además, la Confederación ha identificado cerca de 8.500 ha de regadíos con visos de ilegalidad en el uso del agua y abierto expediente sancionador a más de 7.800 de esas hectáreas. Casi medio millar de expedientes incoados hasta el momento, de los cuales 207 se han enviado a la Fiscalía Superior de Murcia y un centenar largo al gobierno regional. En este sentido, Ribera lamentó que hasta este momento el ejecutivo murciano no haya comunicado el levantamiento de una sola hectárea de regadío ilegal, ni la restitución a su estado original, como le obliga a hacer su propia legislación.

La vicepresidenta tercera ha destacado también los 661 expedientes abiertos a desalobradoras, con 211 precintadas y 55 han sido desmontadas. Y se han incoado -dijo- 166 expedientes a depuradoras desde 2020. Además de ello, en este tiempo se ha efectuado el bombeo de la Rambla del Albujón y actuaciones de protección del litoral como la reversión de Puerto Mayor al dominio público marítimo terrestre, y otras contempladas en el recientemente aprobado Plan para la Protección del Borde Litoral.



OTRAS ADMINISTRACIONES

COMUNIDAD AUTÓNOMA
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, apuntó hoy la necesidad de “actuar urgentemente” para frenar el agua con nutrientes que llega al Mar Menor a través de la rambla del Albujón, y reclamó al Gobierno central “que permita a la Comunidad Autónoma poner en marcha el Colector Norte recogido en el Plan de Vertido Cero, que es imprescindible para atajar el problema”.

“De esta forma, lo que queremos es acabar con los vertidos procedentes del acuífero, cuya agua es la que está aflorando por la rambla del Albujón. Y queremos hacerlo con una actuación que permita recoger esas aguas freáticas, evitar que acaben en el Mar Menor y darles el tratamiento necesario para poder ser reutilizadas”, explicó el jefe del Ejecutivo autonómico. Recordó que esta petición la trasladó personalmente a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la reunión que ambos mantuvieron la semana pasada, y mostró su “confianza” en que la respuesta en este sentido sea favorable por parte del Ministerio. “Sabemos lo que hay que hacer y estamos dispuestos a hacerlo, sólo falta que nos dejen”, aseguró.

En este sentido, el presidente recordó que “cada día, la rambla del Albujón está echando al Mar Menor una media de 30 millones de litros de agua dulce y 5.000 kilos de nitratos” y lamentó que “seguirá haciéndolo, con el daño que ello supone para el Mar Menor, si nadie actúa”. Así, insistió en que “el Gobierno regional está dispuesto a asumir la ejecución del Colector Norte y su coste”. La redacción fue finalizada hace casi dos años por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura, dependiente del Ministerio, y “su ejecución es urgente”.

El proyecto es una de las principales actuaciones recogidas en el Plan Vertido Cero, tiene un presupuesto de 70 millones de euros y supone construir 55 kilómetros de tuberías, estaciones de bombeo, una balsa de regulación y un emisario. Para que ese proyecto sea viable, el agua captada por el colector no podrá ser vertida al mar de no ser desnitrificada previamente, con lo que es precisa la construcción de una planta desnitrificadora para la puesta en servicio de la obra. Esta infraestructura no estaba contemplada en el proyecto del Ministerio, por lo que su anteproyecto fue redactado por la Comunidad Autónoma y enviado al Ministerio con el fin de que se incluyera en la tramitación ambiental del mismo, para así poder materializar la ejecución de esta medida que resulta indispensable para el Mar Menor.

Además, López Miras consideró “urgente” que se recupere el calado de la gola de Marchamalo, ya que en la zona sur del Mar Menor “el nivel de oxígeno es muy bajo, y la situación es muy delicada. Debemos oxigenar el agua”. El responsable autonómico añadió que se trata de una medida “con la que están de acuerdo los integrantes del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor. Se puede hacer esta recuperación de calado de forma puntual y reversible, y así se lo trasladé la semana pasada a Teresa Ribera".

López Miras visitó hoy el municipio de San Pedro del Pinatar, donde mantuvo un encuentro con su alcaldesa, Visitación Martínez, “para seguir trabajando en torno al Mar Menor y a su frágil situación con colaboración, con lealtad, y con trabajo conjunto”. Así, recordó que “hemos pedido al Gobierno central la cesión de competencias para dejar de tener las manos atadas y poder actuar desde todos los ámbitos”.

Zona catastrófica

Asimismo, el Gobierno regional “no renuncia” a que el Mar Menor sea declarado zona gravemente afectada por emergencia de protección civil, también conocido como ‘zona catastrófica’. “Una vez que la ministra ha pisado el terreno y ha visto con sus propios ojos lo que está ocurriendo aquí, esperamos que el Gobierno central sea sensible y otorgue esa declaración”, remarcó el presidente.

De esta forma, la cuantía económica asociada a esa declaración permitirá, según López Miras, “habilitar ayudas a comerciantes, hosteleros y todos los sectores afectados por los daños derivados de esta crisis ambiental”. También para los pescadores, en el caso de necesitarlas.

Durante su visita a San Pedro del Pinatar, el presidente de la Comunidad también se reunió con representantes de la Cofradía de Pescadores del municipio, que representa el 50 por ciento de la flota de artes menores de la Región. Dicha flota opera mayoritariamente dentro del Mar Menor, con la excepción de algunos barcos de más porte que operan en el Mediterráneo.



AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA


La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, acompañada de la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón; el teniente de alcalde y concejal del área de Turismo, Sanidad y Comercio, Manuel Padín; y la concejal de Turismo, Cristina Pérez, se han reunido con los representantes empresariales de Hostecar, COEC, Hostetur, Amep, Cámara de Comercio y Estación Náutica Mar Menor, para valorar el impacto y la amenaza que la crisis del Mar Menor está suponiendo sobre el sector.

“No sabemos ni la profundidad ni la duración del impacto sobre el sector porque depende de la evolución del Mar Menor, pero sabemos que ha habido un daño reputacional muy grande sobre el destino. Y es un perjuicio que se suma al producido por las anteriores crisis y por la pandemia”, ha dicho la alcaldesa, que pide ayudas extraordinarias a los Gobiernos central y autonómico para los empresarios del sector.

Según la alcaldesa, “no sabemos si la figura concreta debe ser la de declaración de Emergencia, pero es evidente que tiene que haber ayudas de Estado a este problema de Estado”. Según Arroyo, “este no es un asunto local y todas las administraciones debemos ir de la mano en la recuperación del Mar Menor”.
Arroyo ha recordado las reuniones que se han solicitado tanto a la ministra para la Transición Ecológica como al presidente de la Comunidad para recibir información actualizada sobre los planes de ambas administraciones en el Mar Menor, tanto los inmediatos como los programas de actuación a medio y a largo plazo.

Desde COEC,  la presidenta Ana Correa ha demandado acciones de los dos Gobiernos, tanto en la ejecución del Plan Vertido Cero como en la Ley del Mar Menor, y se ha mostrado cansada de fotos y visitas. “Lo que queremos son acciones y actuaciones. Desde hace muchos años se viene demostrando que la situación del Mar Menor va a peor, hasta que ha estallado y las consecuencias económicas van a ser importantes. Por eso reclamamos medidas y ayudas al Gobierno central y autonómico. Si tenemos que llegar a Europea, llegaremos”, ha asegurado la presidenta de la patronal.

En la misma línea, el presidente de Hostecar Juan José López ha demandado unidad de acción de todas las administraciones con el Mar Menor en la búsqueda de soluciones. “Exigimos a cada administración que cumpla con sus competencias porque lo que necesitamos son soluciones y actuaciones urgentes, que hasta ahora y pese al episodio trágico que estamos sufriendo se han tomado pocas”. López exige a todas las administraciones “que se pongan a trabajar y que vayan de la mano en este problema, del que empiezan a notarse las consecuencias económicas”.

En cuanto a la repercusión económica que está teniendo en el sector turístico, avanza que los más afectados de forma inmediata son deportes náuticos y chiringuitos, y advierte que las reservas en el sector hostelero están bajando para septiembre. “Las repercusiones no solo son inmediatas, sino que afectarán a corto, medio y largo plazo, porque veremos cómo se plantea la próxima temporada”, ha concluido Correa.


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