Aprueban cuantificar el dinero pagado indebidamente a Lhicarsa presuntamente
El pleno municipal extraordinario vota de forma unánime cuantificar los importes abonados presuntamente de forma indebida a la concesionaria de limpieza y recogida de basuras y también las dejadas de ingresar. REACCIONES: Desde MC se indica que su partido y el Tribunal de Cuentas 'han forzado' al gobierno local a sumarse al voto de la oposición. Por su parte, el PP afirma que el gobierno actual es el que más ha controlado, fiscalizado y exigido a la empresa a diferencia de gobiernos anteriores.
NOTA DE PRENSA DEL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
El Ayuntamiento de Cartagena cuantificará las cantidades abonadas de forma improcedente y las no percibidas de la sociedad mixta que gestiona la limpieza viaria y recogida de basuras, Lhicarsa. Lo hará en virtud del informe de fiscalización de la gestión indirecta elaborado por el Tribunal de Cuenta, según ha aprobado por unanimidad el pleno extraordinario, que presidido por la alcaldesa, Noelia Arroyo, se ha celebrado esta mañana a instancias de MC Cartagena.
Tanto Gobierno y como oposición han coincidido en la necesidad de fiscalizar y mejorar el servicio de la concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida y tratamiento de basuras.
Por parte del Gobierno municipal han intervenido en el debate la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón y el concejal del área de Infraestructuras, Diego Ortega.
Castejón ha calificado a Lhicarsa como la “historia de un fracaso de todos los alcaldes que hemos intentado que cumpliera con sus obligaciones”, incluyendo al propio José López de MC. “No lo hemos conseguido porque el tipo de contrato que se firmó en 1994 hace imposible sancionarles” y ha asegurado que resulta inviable rescatar en estos momentos la concesión porque “condenaríamos al Ayuntamiento a la bancarrota”.
Sin embargo ha precisado que desde 2017 sí se ha conseguido ponerle tres multas y separar los recursos destinados al contrato y fiscalizar sus actuaciones.
Igualmente ha definido el informe del Tribunal de Cuentas como una oportunidad, ya que “nos ofrece herramientas para seguir fiscalizando a Lhicarsa a que cumpla con sus obligaciones. Estamos de acuerdo que hay que acabar con el modelo de la sociedad mixta pero tendría un coste inasumible”, teniendo en cuenta además que restan siete años de contrato por lo que será un tema importante en la próxima legislatura.
Por su parte el concejal de Infraestructuras, Diego Ortega, ha negado que el informe del Tribunal de Cuentas vaya de corrupción, como había señalado el viceportavoz de MC Cartagena, Jesús Giménez Gallo, ya que abarca de 1994 a 2019, que no afecta a la actual legislatura, porque ya se habían tomado medidas, y sí a un período en el que MC también fue responsable de la gestión y “no hizo nada”.
Ortega ha recordado que durante esta legislatura se han impuesto sanciones a Lhicarsa, se han separado recursos, se han fomentado los servicios de inspección y llevado adelante expedientes contradictorios, pero “mejorando el servicio con medios y recursos”.
También ha señalado que el informe está siendo analizado por los funcionarios “para indicar lo que debemos a hacer” y ha terminado asegurando dirigiéndose a MC que el “informe fiscaliza su gestión y no la nuestra”.
Por su parte el viceportavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, comenzaba su intervención explicando que el informe del Tribunal de Cuentas dejaba patente un modelo de corrupción al abonarse a la empresa cantidades por importe de tres millones de euros, en concepto de asistencia técnica que no se presta y que según el órgano estatal no aparecen en el pliego.
A ello ha añadido Gallo las no percibidas por la venta de subproductos de la planta tratamiento, la venta de electricidad por biogás y los beneficios de la sociedad, que nunca ha cobrado el Ayuntamiento a pesar de ser partícipe de la misma.
Gallo también ha relatado otras irregularidades detectadas en el informe como las dos prórrogas del contrato, de 10 años cada una, que no estaban previstos en el pliego, las modificaciones sin publicidad ni libre concurrencia o que no se haya comprobado que las inversiones se han hecho adecuadamente.
El viceportavoz de MC ha terminado pidiendo que se aclare esta situación, con la cuantificación de las cantidades, arremetiendo contra Lhicarsa a la que ha acusado de lucrase a costa de los cartageneros, y manteniendo las calles sucias y el vertedero a punto de colmatarse en 2026.
El portavoz de VOX, Gonzalo Abad, ha tildado de demoledor el informe del Tribunal de Cuentas con respecto al pliego y al contrato de Lhicarsa, así como al desarrollo que ha tenido desde 1994 en el que se han hecho dos prórrogas para hacer inversiones y adaptarse a la legislación, que importaban 24 millones de euros, de los 17 fueron aportado por el Ayuntamiento a pesar de tener solo el 10 por ciento de la sociedad; así como las modificaciones contractuales y las facturas que no justificaban la totalidad de las inversiones realizadas por la empresa.
Sin embargo ha advertido de la legalidad de las cantidades cobradas en concepto de asistencia técnica, puesto que así lo determinó en 2003 una sentencia de casación del Tribunal Supremo. Abad ha calificado la situación como la de un “contrato viciado de origen”, con “prórrogas y modificaciones contrarias a la ley” y una ”falta de control por los servicios municipales”.
Por último la portavoz de Unidas Podemos Izquierda Unida Verdes Equo, Aurelia García, ha pedido en este caso "verdad, justicia y reparación". Verdad, para que se cree una comisión en la que estén todos los vecinos y grupos municipales; justicia, para que todos los datos que se extraigan se eleven a Fiscalía; y reparación para que se cuantificar todos los perjuicios que se han generado al Ayuntamiento y a los cartageneros y se les restituyan.
También ha explicado que el contrato se inició con 8 millones ha terminado en 36 millones dando “el peor servicio público que presta el Ayuntamiento” con sucesivas modificaciones y ampliaciones. Aurelia García ha terminado solicitando la rescisión del contrato “porque perjudica a los cartageneros” y la remunicipalización del servicio.
NOTA DE PRENSA DE MOVIMIENTO CIUDADANO DE CARTAGENA
Esta mañana, el portavoz adjunto de MC Cartagena, Jesús Giménez, ha sido el encargado de trasladar el posicionamiento de nuestra formación, durante el pleno extraordinario promovido por MC, que ha tenido por objeto ‘indagar’ sobre las probables cantidades abonadas de manera indebida por el Consistorio en el marco del contrato de limpieza municipal con la mercantil ‘Lhicarsa’.
Lo aprobado hoy, MC y el Tribunal de Cuentas empujan
El Gobierno de N. Arroyo (PP) y la tránsfuga Ana Belén Castejón se ha ‘comprometido’, uniéndose al voto unánime de la oposición, a cuantificar, de manera textual, las cantidades “abonadas a Lhicarsa por el Ayuntamiento de Cartagena en concepto de asistencia técnica desde el inicio del contrato a la actualidad y no percibidas de Lhicarsa (por el Ayuntamiento) por la venta de los determinados subproductos generados por la planta de tratamiento de residuos, los beneficios económicos derivados de la venta de electricidad de la planta de biogás o los beneficios de la sociedad”.
Del mismo modo, “cualesquiera otros se desprenden del informe y los estudios municipales y, en particular, las que resulten de la falta de medios humanos y materiales que proceden conforme al contrato”.
Ni Comisión de Investigación, ni control; a cambio, despilfarro
Ocultación de información, posibles pagos injustificados, ausencia de control y fiscalización. Esas son las directrices del PP, antes con P. Barreiro, ahora con su continuadora, N. Arroyo, a las que hay que añadir la tránsfuga Ana Belén Castejón, en relación a la ‘enfangada’ y sucia gestión de las populares en el contrato municipal de la limpieza viaria y recogida y tratamiento de residuos sólidos.
A modo de contextualización, el dirigente cartagenerista ha recordado que la alcaldesa del PP ocultó la información al Tribunal de Cuentas (en términos periodísticos diríamos que esto no es opinión sino información), no aceptó crear una Comisión de Investigación, al tiempo de recordar que “nunca antes de 2017 existió un informe de control de Lhicarsa”. Cabe precisar que les pagamos (los cartageneros) casi cuarenta millones al año.
Posteriormente, ha añadido que, como es obvio, las infracciones se detectaron “cuando José López fue alcalde y MC gobernó”. En este punto, ha hecho un aparte para mencionar “a los funcionarios valientes que pusieron nombre y número a esos incumplimientos a partir de 2015”. Al hilo de este trabajo, conviene recordar lo manifestado por estos empleados municipales. “No se debía pagar a Lhicarsa porque no cumplía”.
Expulsados por exigir control y fiscalización
En esta cronología de hechos resulta obligado rememorar que “José López fue expulsado del Gobierno en verano de 2017, pensando la ahora tránsfuga Castejón y el PSOE de entonces que con eso se acababa la fiscalización y el control de las concesionarias”.
Nada más lejos de la realidad. Giménez también ha recordado que en octubre de 2017 MC elevó estos informes a la Asesoría Jurídica Municipal y ésta negó la posibilidad de suspender los pagos a Lhicarsa por “las discrepancias que pueden significar un incumplimiento de contrato, derivándose la imposibilidad de certificar la efectiva realización del contrato”.
Meses más tarde, en 2018, la formación cartagenerista volvió a informar de estas cuestiones, demostrándose el nulo interés de tránsfugas (antes socialistas) y el PP en este asunto puesto que “aquí estamos, cinco años, un lustro después, con la oposición reclamando que se cuantifique el daño”.
Un Gobierno cómplice y Cartagena sucia
Por todo ello ha considerado necesario “recordar que este Gobierno es el que se ha negado no sólo a resolver el contrato, sino que se ha negado a intervenir la empresa”.
Y por el contrario “Cartagena sigue sucia, más que nunca y hasta trabajan en una nave que incumple las condiciones legales y miran para otro lado”.
El portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento, Diego Ortega, ha acusado a MC y a su portavoz, José López, de no hacer nada para fiscalizar la gestión de la empresa concesionaria del servicio de limpieza y ha defendido que “el Gobierno actual ha sido el que más ha controlado, fiscalizado y exigido a Lhicarsa en esta legislatura”.
Así lo ha puesto de manifiesto en el pleno extraordinario convocado por la oposición para abordar la gestión de Lhicarsa, en el que se ha mostrado a favor “de que se cuantifiquen cuantas cantidades los técnicos municipales crean oportunas, que se exploren todas las vías posibles para fiscalizar, exigir y tener el mejor servicio posible”.
El portavoz adjunto del PP ha aclarado que el informe emitido por el Tribunal de Cuentas ha analizado el periodo desde la adjudicación del contrato, en 1994, hasta el año 2019. “Es decir, no analiza la legislatura actual“, además de precisar que la labor del Tribunal de Cuentas es “hacer consideraciones y recomendaciones, no sentencias”.
“Para que me entiendan, una sentencia es la que condenó al Sr. López por amenazar a un funcionario en su despacho, o la que condenó al Sr. López por lanzar una patada contra un director general en un acto al que fue representando a los cartageneros. Lo que hace el TC son recomendaciones bajo el criterio de sus inspectores”.Ortega ha interpelado al portavoz de MC sobre qué hicieron durante su mandato: “Ustedes subieron el precio del contrato, pagaron 5 millones al año en asistencia técnica, consintieron que FCC compartiera espacio y medios con Lhicarsa, no reclamaron los beneficios por subproductos, no renovaron la maquinaria, no mejoraron el servicio, ni abrieron ningún expediente y no impusieron ninguna sanción”.
En contra, según Ortega, “este Gobierno ha sido el único que ha fiscalizado a la empresa”, y ha resumido las acciones emprendidas por el actual Gobierno: “hemos abierto expedientes, hemos impuesto 1,5 millones de euros en sanciones, hemos obligado a separar FCC de Lhicarsa, hemos renovado la maquinaria con 9 millones de euros; hemos aumentado el número de inspectores, y hemos fijado el número de trabajadores que tiene que tener Lhicarsa”.
En resumen, según Ortega, “esta es la verdad de los hechos, ustedes pueden ponerse las medallas que quieran, pero su gestión también en materia de basuras y limpieza fue un auténtico fracaso”.
El portavoz popular ha acusado al de MC de querer cambiar el pasado, “aunque las cosas están escritas y las sabemos, y no puede cambiar el pasado”, haciendo referencia a los bandazos de López con respecto a la llegada del AVE. “No se puede cambiar que el señor López decidiera un AVE en superficie por el trazado actual. Es cierto que ahora exige otra cosa y quiere que lo olvidemos. Pero no olvidamos”, ha concluido el concejal.
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